La vulnerabilidad en las regiones: cuestionamos la desigualdad en

tiempos del coronavirus

Editorial
Por: Equipo CFRC
20/04/20

Nos enfrentamos como especie a un fenómeno sin precedentes en nuestra historia reciente. El coronavirus ha logrado detener la actividad humana en todo el mundo y con ello ha puesto a tambalear el modelo económico global. Por ahora, la única solución viable parece ser el confinamiento general de la población, pues somos el vehículo del virus y en cuanto limitemos nuestro movimiento reduciremos la expansión de la enfermedad.

 

El virus llegó a nuestro territorio luego de haber contagiado a más de 100.000 personas, haberle causado la muerte a más de 3.000 y haber generado dramáticas crisis hospitalarias en Italia y España. En Colombia, la primera medida contra la pandemia vino de parte de la administración local de Bogotá que, al ver el caos hospitalario que podía llegar a enfrentar si no tomaba las medidas necesarias, decidió iniciar un simulacro de cuarentena en la capital que terminó por convertirse en una cuarentena en todo el territorio nacional. Esta dinámica de liderazgo y toma de decisiones se ha mantenido y el Gobierno Nacional ha estado siguiendo el rumbo que la Alcaldía de Bogotá ha estado marcando. Sin embargo, dentro del territorio colombiano conviven una multiplicidad de contextos, necesidades, retos y oportunidades muy diversos que hacen que las medidas que pueden ser viables para unos, sean la ruina para otros. 

 

La violencia y el conflicto armado son unos de los elementos que más diferencias marcan en el contexto de la mayoría de las ciudades frente a muchas regiones rurales en donde, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el conflicto persiste. Ahora, con la llegada del coronavirus y la cuarentena, la atención estatal se ha volcado en atender la pandemia, y las poblaciones que viven en medio de la guerra han visto un incremento en la violencia. Es el caso de la comunidad Embera, que vive en el Resguardo Pichicora Chicue en Bojayá, Chocó, y en las últimas semanas ha quedado atrapada en medio de los enfrentamientos armados entre ELN y las autodefensas gaitanistas, sin posibilidad de hacer una cuarentena en paz. Para esta comunidad el confinamiento no es una opción viable, pues están en medio de enfrentamientos que no les permiten moverse en busca de provisiones o simplemente huir, sin arriesgarse a ser usados como escudos humanos. 

Este panorama se agudiza con las amenazas y asesinatos de los cuales son blanco los líderes sociales en medio de la pandemia. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), en marzo de 2020 se registraron 128 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales y, según reportes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, desde que empezó la cuarentena  han sido asesinados 8 líderes sociales (reporte hasta el 31 de marzo de 2020) que se suman a 64 más, asesinados durante lo que va de 2020. 

Comunidades étnicas como la Embera están en condición de doble vulnerabilidad, pues además de estar dentro del 15% de la población que hace parte de las comunidades con “protección especial” reconocidas por la Constitución Política (1991); también son víctimas de la incapacidad estatal para reconocer las condiciones diferenciales en su territorio e, incluso, en nuestro mismo entorno social. 

Llama la atención las reacciones que tuvieron miles de ciudadanos en redes sociales, con relación al cierre de las fronteras terrestres, decretado el pasado 14 de marzo. La gran mayoría –incluso nosotros- celebramos dicha medida, pues sentimos que prevenía la propagación del virus hacia zonas marginadas o rurales del país. Sin embargo, casi nadie hizo mención (nosotros tampoco) acerca de las implicaciones que esta decisión traía a las comunidades transfronterizas como las Awá o Ticuna de la región amazónica. 

Es importante volver a recalcar que en la Constitución Política, Colombia se proclama un país multiétnico y multicultural y, por lo tanto, el Estado colombiano se vuelve garante de los derechos diferenciados otorgados a estas colectividades. Su trabajo es garantizar estos derechos bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, estos grupos históricamente han sido víctimas de la pobreza extrema y de la violencia, que persiste debido a la incapacidad del Estado para garantizar sus derechos. 

La situación en materia de salud, educación y tecnología es otra de las brechas que diferencia las condiciones que se viven en las grandes ciudades sobre las experimentadas en las regiones rurales o apartadas. Y más grave aún, frente a la lucha contra la Covid-19: pues estas desigualdades se acentúan. Por ejemplo, en Guaviare a pesar de tener una población de aproximadamente 120 mil habitantes sólo hay 4 respiradores artificiales. En la región del Catatumbo, con un poco más del doble de esta población (250 mil habitantes), tan solo hay 11 respiradores en funcionamiento. Más preocupante aún es la situación de Tumaco, un municipio con altísima densidad poblacional y niveles de pobreza muy elevados, en donde más de 200.000 habitantes tienen que defenderse con apenas 27 camas de cuidados intensivos y sin ningún respirador disponible.

La educación, ahora más que nunca, necesita de la tecnología para ser posible. Sin embargo, la falta de redes sólidas de internet en el territorio nacional hace que la capacidad de conexión, tan urgente ahora para tratar de mantener algunas actividades andando, limite radicalmente las posibilidades de quienes están fuera de las grandes ciudades. Actualmente, sólo 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes pueden tomar clases virtuales desde sus hogares. Bajo estas condiciones, resulta difícil pensar en teletrabajar en regiones donde no se han cultivado las habilidades pertinentes para ello. No existe una demanda de servicios de este tipo en la ruralidad, ni se cuenta con la infraestructura requerida. 

Según cifras del DANE, en Colombia un 47% de la población laboral trabaja bajo la informalidad, un fenómeno que no solo ataca a las grandes ciudades sino también a sus zonas aledañas y metropolitanas. Es evidente que fuera de las grandes ciudades el porcentaje de informalidad se eleva, y son muchas más las personas que ante una situación como esta se quedan sin opciones para conseguir el sustento diario. La falta de incentivos a emprendimientos laborales formales y la baja prestación de servicios de las grandes empresas que fomentan el desarrollo de mercados, deja como saldo una alta tasa de informalidad laboral a nivel rural: 9 de cada 10 personas trabajan bajo esta condición. 

Además de mirar a aquellos que históricamente han sido invisibilizados, dejemos la condescendencia con que observamos nuestras regiones y pongamos sobre la mesa las brechas que siguen acabando con nuestro país y nuestra gente en medio de la pandemia. Las regiones colombianas no son solamente la imagen bucólica de un campesino humilde y pintoresco, que con sus manos llenas de tierra y una sonrisa en la cara ofrece algo de su cosecha. 

Las regiones no son la despensa ni el balneario de la capital. Son principalmente el hogar de colombianos que tienen unas necesidades distintas y unas posibilidades muy limitadas. Es absurdo aplicar en las regiones las mismas medidas que se aplican en las ciudades: es urgente desarrollar y aplicar consistentemente un enfoque regional descentralizado y diferencial, que indefectiblemente tenga en cuenta las vicisitudes de cada uno de los territorios y tome acción en concordancia con estas. 

Es evidente que la solución a todos estos problemas no pasa por encontrar la vacuna contra el coronavirus o únicamente hacer cuarentena. La Covid-19 viene a gritarnos a la cara que es urgente atender el problema de la inequidad y la injusticia social, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Ojalá esta cuarentena nos permita superar nuestro estado de inmunidad ante la desigualdad.

Fundación Cooperación para el Fortalecimiento Regional en Colombia© 2020 

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