La urgencia de una atención

intercultural en la pandemia

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Por: Alejandra León Jaramillo
22/04/20

Tras la confirmación de los primeros casos de Covid-19 en Colombia, el Gobierno Nacional tomó la decisión de declarar emergencia sanitaria y decretó para el 24 de marzo del presente año el inicio del aislamiento obligatorio a nivel nacional como mecanismo de contingencia contra el virus. Sin embargo, estas medidas poco han considerado la situación de las comunidades étnicas, para quienes la coyuntura ha significado la agudización de problemas estructurales como el acceso a recursos de primera necesidad y el aumento de múltiples violencias. En ese sentido, mientras que para unos la pandemia representa un problema central, para muchas comunidades se suma a una larga lista de problemáticas existentes que atentan contra su vida y pervivencia como grupo.

Población en riesgo permanente

“nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud”

En el caso de los pueblos indígenas, una revisión sobre su situación general en temas de salud pública revela parte de unas condiciones sistemáticas de desigualdad. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud [1], cuentan con una menor cobertura en acueducto y alcantarillado, menor acceso al sistema de salud y sufren de tasas de mortalidad y morbilidad significativamente más altas que las personas no indígenas. De acuerdo con lo anterior, como lo señala el secretario de la Alta Instancia de Pueblos Étnicos para la Paz, “nuestros pueblos no tienen agua potable, están subalimentados, con altos niveles de desinformación y dificultades de acceso a centros de salud” [2].

Este panorama de precariedad es resultado de fenómenos sociales históricos como el abandono estatal, el desplazamiento forzado, la presencia de actores armados y la extracción de recursos en sus territorios, factores que los han llevado a declararse en un estado de Cosas Inconstitucionales [3]. Para el tema en cuestión, es de especial relevancia la Ley 21 de 1991, la cual ratificó en un Bloque de Constitucionalidad la Convención 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual exhorta a los gobiernos, en articulación con autoridades tradicionales, a asumir acciones compatibles con las formas de vida de estos grupos para garantizar sus derechos.

Desarticulación intercultural

En cuanto a la coyuntura actual, hasta el momento el Gobierno parece no incluir ni articularse con la diversidad étnica del país en las estrategias nacionales para la contención del virus [4], tal como se expone en la normativa nacional y en algunos llamados internacionales. Al contrario, tanto en el anuncio presidencial del 12 de marzo [5], como en la Circular 015 emitida el día siguiente por el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior [6], las recomendaciones diferenciales son apenas una adaptación de forma del Decreto 457 y carecen de un enfoque étnico real en sintonía con los territorios. Ahora bien, las acciones institucionales más concretas hasta ahora han sido, por parte del Ministerio de Cultura, la traducción de las medidas a 11 lenguas nativas y, desde el Ministerio del Interior, el anuncio de la entrega de 480.600 canastas familiares a comunidades indígenas que forman parte de la población vulnerable del programa ‘Un Millón de Familias’. 

¨Las recomendaciones diferenciales son apenas una adaptación de forma del Decreto 457 y carecen de un enfoque étnico real en sintonía con los territorios¨

Además, algunas comunidades, mediante cartas y comunicados públicos, han solicitado una interlocución con el Gobierno Nacional para atender sus necesidades mínimas y poder cumplir con el aislamiento obligatorio y demás medidas de prevención. Entre las solicitudes se destacan cuatro puntos comunes. Primero, establecer mecanismos para conseguir alimentos en sus territorios. Aunque el problema de seguridad alimentaria es estructural, el desabastecimiento en algunas zonas y la pérdida de siembras por la sequía que atraviesa el país han agudizado la situación. Segundo, acceder a agua potable como medida principal de prevención enfatizada por el Gobierno y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tercero, el cumplimiento del cese al fuego humanitario, pues el conflicto armado sigue presente en varios territorios y hasta el momento ha cobrado la vida de un líder Awádos líderes sociales indígenas Embera, el confinamiento de miembros de esta misma etnia en Bojayá y la muerte de un menor del pueblo Nasa en el Norte del Cauca. Y cuarto, una atención médica diferenciada que actúe en concordancia con los saberes tradicionales y fortalezca la toma de muestras diagnósticas del virus de forma masiva y territorializada. 

Aunque si bien los puntos mencionados anteriormente deberían ser brindados como un derecho colectivo, resultan aún más indispensables por la situación coyuntural que representa un peligro para las más de 246 mil familias indígenas en riesgo de contagio y las más de 535 mil ad portas de una Crisis Humanitaria [7].

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El caso Wayuu es el más dramático del país. Este pueblo ha vivido en un estado de Crisis Humanitaria y, con el aislamiento obligatorio, les ha sido casi imposible sobrevivir. Esta situación crítica los ha llevado a hacer peajes improvisados sobre vías principales y tomar la vía férrea para exigir sus derechos (Foto: Weildler Guerra)

La autodeterminación de los pueblos

Sumado a estos problemas, su alta vulnerabilidad frente al virus rememora épocas de exterminio indígena por el contagio masivo de enfermedades externas como la influenza y la viruela. Esto ha llevado a que muchos pueblos comenzaran a recluirse cuando el Gobierno anunció la emergencia sanitaria. La estrategia de cerrar sus territorios ha sido implementada a lo largo del país, comenzando en los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, los Zenú en Córdoba y Sucre, pasando por la Mesa Indígena del Chocó, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y los Awá y Pastos en Nariño. Estos casos ejemplifican que cada sistema organizativo autónomo ha implementado sus propios lineamientos en ejercicio de su Derecho a la Autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, la amenaza del virus por el tránsito de personas externas ha llevado a otras comunidades a desplazarse a zonas recónditas en la selva o el monte para protegerse. Esta es la situación actual de los Jiw en el Meta y los Nukak en el Guaviare. Cabe resaltar que también se ha hecho un llamado para evitar cualquier tipo de contacto con los grupos más aislados de la Amazonía, cuyo sistema inmune es aún más frágil a estos virus.

Fuente: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

De igual forma, los procesos autónomos han estado en constante articulación con los planes de contingencia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Este organismo ha liderado una campaña invitando a los pueblos indígenas a adoptar medidas de prevención como quedarse en sus territorios, fortalecer la soberanía alimentaria, enfocarse en los conocimientos tradicionales y reforzar el trabajo espiritual. Además, fomentan el uso de plantas con propiedades desinfectantes como alternativa al lavado de manos, y otras que fortalecen el sistema inmune y tratan la sintomatología leve.

La ONIC ha fomentado rituales de armonización y pagamentos. Además, se acogieron al llamado de los Pueblos de la Sierra Nevada de no nombrar el virus para no atraerlo a sus territorios. De este modo, la enfermedad se ha concebido no sólo a nivel biológico, sino también a un nivel espiritual (Fuente: ONIC)

Igualmente se destaca la consolidación de un Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) que emite boletines sobre la situación de contagio indígena a nivel nacional para contribuir en la toma de decisiones oportunas de las autoridades tradicionales [8]. Además, desde el 17 de abril la ONIC comenzó a incluir una Alerta Epidemiológica Propia para alertar a todas las instancias sobre casos que requieren atención urgente. A través del mismo se reporta que 90 personas Embera Dobida ubicadas en Riosucio, Chocó, se encuentran con síntomas de Covid-19 y ya una mujer mayor y dos bebés han fallecido.

Teniendo en cuenta lo anterior, aunque las comunidades indígenas han accionado medidas en concordancia con las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, han tenido que asumir la responsabilidad por su protección ante el poco manejo del Gobierno Nacional. En consecuencia, estos pueblos han hecho valer sus derechos a la Autonomía y Autodeterminación, demostrando tener un sistema organizativo articulado entre las autoridades tradicionales a nivel nacional en medio de la crisis. Sin embargo, dada la gran amenaza que representa esta pandemia, y a pesar de todas las medidas propias tomadas, sigue siendo necesaria y urgente una coordinación intercultural con los distintos entes territoriales, encabezados por el Gobierno Nacional, para establecer mecanismos diferenciales que permitan mitigar el riesgo coyuntural y mejorar el cubrimiento de derechos básicos que los ha mantenido en condiciones de vulnerabilidad permanente.

[1] Ministerio de Salud, (2016). “Perfil de Salud de la Población Indígena, y medición de desigualdades en salud

Ministerio de Salud, (2014). “Estudio Técnico de Servicios Diferenciales para los Pueblos Indígenas de Colombia” 

[2]Tomado de: https://elpais.com

[3] Movimientos sociales como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) han acuñado este término por el incumplimiento sistemático de los derechos indígenas contemplados en la Constitución Política de 1991.

[4] Dicha desarticulación es de carácter estructural como lo evidencian cifras de la Comunidad de Jurista Akubadaura. En términos generales, los recursos del Presupuesto General de la Nación dirigidos a la diversidad étnica no supera el 0,05% y los acuerdos suscritos en la Mesa Permanente de Concertación entre pueblos indígenas y el Gobierno tienen un promedio de implementación del 3,9%. Ademas, resguardos y cabildos son los últimos en recibir recursos públicos debido a la intermediación de diversas instituciones. 

[5] Durante la declaración de emergencia sanitaria, el presidente anunció que las comunidades étnicas podrían aplicar sus normas propias para evitar la propagación del virus en cuanto tuvieran como principio la medida del aislamiento preventivo.

[6] Las entidades recomendaron a las comunidades, entre otros, permanecer en sus territorios, limitar actividades colectivas y desarrollar acciones de comunicación de los actos administrativos relacionados con el Covid-19.  

[7] Tomado de estimaciones del Sistema de Monitoreo Territorial (SMT) de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Esta cifra cambia diariamente de acuerdo con la cercanía de grupos indígenas a centros poblados y zonas donde ya hay presencia del virus.

[8] A la fecha se reportan seis casos confirmados en tres grupos étnicos: Los dos primeros casos en el pueblo Yukpa en Cúcuta, comunidad seminómada que transita entre Colombia y Venezuela. Tres casos son del pueblo Pasto en Nariño, en el límite con Ecuador. El último es un caso confirmado en el pueblo Zenú al norte de Córdoba.

Fundación Cooperación para el Fortalecimiento Regional en Colombia© 2020 

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